La lucha contra la pena de muerte es una prioridad de la acción exterior española. Centenares de personas son ejecutadas en el mundo cada año en aplicación de la pena capital en todas las circunstancias y con independencia del delito cometido. En 2010, se creó la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), con sede en Madrid y compuesta por una veintena de personalidades independientes procedentes de todas las regiones del mundo. España, junto con la Unión Europea y la Comisión Internacional, viene trabajando para que otros países que reduzcan el número de delitos castigados con la pena capital, conmuten las condenas a muerte o reformen sus leyes para que los jueces tengan la alternativa de imponer penas privativas de libertad en vez de penas de muerte, avanzando, de este modo, hacia la abolición.
Asimismo, España identifica como otra prioridad la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Defiende el enfoque de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), cuya adopción ha supuesto un cambio de paradigma en este ámbito al reconocer a las personas con discapacidad como verdaderos sujetos de derechos. En octubre de 2022 se creó la figura del Embajador en Misión Especial para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La lucha por igualdad entre hombres y mujeres es un eje transversal y prioritario de la Política Exterior Feminista de España. A través de una participación activa en la Unión Europea y en el sistema de las Naciones Unidas, España lidera la creación de instrumentos internacionales, el fortalecimiento institucional y la fijación de políticas transformadoras en este ámbito. Este compromiso se traduce en una acción diplomática firme orientada a la erradicación de cualquier discriminación por razón de género y a la protección integral de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas en el mundo.
El reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento se ha convertido en una de las grandes prioridades de la política exterior española de Derechos Humanos y de cooperación para el desarrollo. En el año 2006, España y Alemania emprendieron una iniciativa conjunta a favor del reconocimiento de este derecho en el seno de las Naciones Unidas, considerando que el derecho al agua potable y al saneamiento es indispensable para la realización de otros Derechos Humanos y que es un componente esencial del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Celebración del día internacional de la mujer el 8 de marzo por las calles de Huesca el 8 de marzo de 2025.
La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es otra prioridad de la acción exterior de España. España está presente en las principales iniciativas multilaterales donde se trabaja por la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGTBI, siendo considerado España un país impulsor del reconocimiento y defensa de los derechos de las personas LGTBI. En los últimos años, nuestro país ha impulsado y dado apoyo al mandato del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, copreside, junto con Colombia, la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), forma parte del LGBT Core Group de las Naciones Unidas y del Grupo de Puntos focales LGBTI del Consejo de Europa. España también es miembro, desde 2023, del Fondo Mundial para la Igualdad (Global Equality Fund), una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI en todo el mundo. En julio de 2025 se creó la figura del Embajador en Misión Especial para los derechos LGTBI+.
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Bailaores con síndrome de Down de la Compañía de Flamenco Integrado de José Galán, en una actuación con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.